Las familias y pensionistas que tienen una empleada del hogar deben tener actualizada una evaluación de los riesgos laborales que corren las trabajadoras en los domicilios antes del viernes o estarán expuestas a multas que pueden llegar hasta los 800.000 euros. Es una … nueva exigencia que llega en el nivel más bajo de afiliación de estas trabajadoras en 15 años, desde que se incorporaron al régimen general. Hoy hay 341.428 ocupadas, 72.000 menos que en 2019, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez comenzó a incrementar el salario mínimo interprofesional (SMI), que acumulada ya alzas del 60%.
El decreto con las nuevas obligaciones de prevención se aprobó hace más de un año, pero sus exigencias no fueron exigibles hasta que entró en funcionamiento una plataforma gratuita que ha puesto en marcha el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y que desde mayo pasado está a disposición de los empleadores. Durante estos meses estos han podido hacer esta evaluación de riesgos de los trabajadoras, más del 90% son mujeres, y generar un plan de prevención con la herramienta www.prevencion10.es. Si esta evaluación detecta riesgos, se deben adoptar medidas preventivas para eliminarlos o reducirlos, documentando las medidas por escrito, con fecha, y entregar una copia a la trabajadora, según exige ya la ley.
Afiliación a la Seguridad
Social de empleadas del hogar
Medias anuales / En número de personas
341.428
Media hasta octubre
Fuente: Ministerio de Seguridad Social / ABC
Afiliación a la Seguridad Social
de empleadas del hogar
Medias anuales / En número de personas
Las empleadas del
hogar se integran en
el Régimen General
Media hasta octubre
341.428
Fuente: Ministerio de Seguridad Social / ABC
La hoja de ruta
La cuenta atrás para tener las gestiones en regla está, por tanto, a punto de acabar. El primer paso de la hoja de ruta que aún no hayan realizado familias y empresas con una trabajadora en casa es realizar una evaluación inicial de riesgos: características del hogar (por ejemplo, escaleras, productos de limpieza químicos, mascotas, instalación eléctrica, etc.) y de las tareas (limpiar, planchar, cocinar, cuidar personas mayores, etc.). Si cambia algo importante en las condiciones de trabajo (nuevas tareas, reformas en casa, etc.) hay que actualizar la evaluación.
Acto seguido, los que tengan contratada a una empleada en casa deberán implantar medidas preventivas si la evaluación que realicen detecta alguna situación de riesgo, y proporcionar equipos de trabajo y protección adecuados, además de informar y formar a la trabajadora sobre los riesgos y de las medidas de prevención en su trabajo. Las familias deberán, por último, vigilar la salud de sus trabajadoras. Estas tienen derecho a reconocimientos médicos periódicos, de forma voluntaria y gratuita, al menos cada tres años. Estos chequeos serán integrados en el Sistema Nacional de Salud y buscan detectar a tiempo cualquier problema de salud derivado del trabajo, como lesiones musculares, alergias a productos, etc. En este caso, el empleador solo debe facilitar que la trabajadora el acceso a esos reconocimientos, permitiéndole acudir a la cita médica, por ejemplo, ya que son parte de la vigilancia de su salud laboral.
Asumir los gastos
Los riesgos que corren aquellos que no tengan el proceso de prevención en regla son multas que van desde 45 euros en las más leves hasta más de 800.000 euros en los casos graves. Además del deber de asumir los gastos de cualquier accidente se enfrentan también a responsabilidades adicionales, como un recargo adicional en las prestaciones de su empleada.
La ley que promovió la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también incluyó la realización de formación por internet sobre los riesgos asociados a las tareas del hogar. Esta se realizará solo una vez, aunque se preste servicio en varias casas y se hará dentro del horario de trabajo si es posible, o fuera de la jornada, y se compense con tiempo de descanso equivalente, según la reforma emprendida por el Gobierno.
Todas estas exigencias se producen en un momento muy delicado para el colectivo y aunque no generan coste económico si son una nueva carga burocrática, difícil de digerir en algunos casos. Contratar a una empleada del hogar se ha convertido en un lujo para muchas familias, en especial los pensionistas. Las sucesivas subidas SMI, del 60% desde que gobierna Pedro Sánchez, y el aumento de las cotizaciones están estrangulando los bolsillos de muchos hogares.
Cotizaciones y desempleo
Contratar hoy a una trabajadora del servicio doméstico a jornada completa tiene un coste inasumible para muchas familias. Hay que tener en cuenta que al salario mensual -el SMI está en 1.184 euros- se debe sumar el importe a desembolsar a la Seguridad Social una vez que se ha dado de alta el contrato por parte de la familia empleadora. El tipo de cotización por contingencias comunes sobre la base de cotización a aplicar en cada caso es del 28,30%. Esta cuantía se divide a su vez en un porcentaje del 23,60% a cargo del empleador y del 4,70% a cuenta de la propia empleada de hogar y que se resta en la nómina. Como ocurre de forma general, el empleador y trabajadora también pagan el mecanismo de equidad (MEI) para afrontar las pensiones y desde 2022 las empleadas de hogar se rigen por un nuevo marco normativo que incluye, entre las principales novedades, la obligatoriedad de cotizar por desempleo y Fogasa.
El riesgo de trabajar en ‘B’
La consecuencia directa de todas estas cargas económicas son que muchas familias y pensionistas, sobre todo, han optado por modificar el contrato y recortar la jornada laboral de la empleada para esquivar el alza y pagar lo mismo y, en el peor de los casos, han tenido que despedir ante una espiral de costes que no pueden o están dispuestas a desembolsar de golpe. En otros casos, la trabajadora ha pasado a cobrar en ‘B’ . Por todo ello, la Asociación Española de Servicios Profesionales y Domésticos lleva años reclamando al Gobierno que apoye a las familias para que contraten con bonificaciones y desgravaciones fiscales.