La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarrollado esta semana dos macro-operaciones con detenciones y más de una veintena de registros por toda España que afectan a cargos que fueron de confianza dentro del Gobierno, como Vicente Fernández, el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a quien colocó la vicepresidenta del Ejecutivo, María Jesús Montero, o la exmilitante del PSOE Leire Díez que ya estaba bajo sospecha por trabajar supuestamente a las órdenes del ex secretario de Organización del partido Santos Cerdán. Con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García en prisión provisional, La Moncloa no deja de recibir golpes de corrupción en distintas tramas que se entrelazan entre sí y que comparten personajes. La justicia mantiene en el foco una decena de investigaciones que van desde los pagos en efectivo que se realizaron en Ferraz durante siete años hasta el amaño de contratos públicos en distintas entidades.
‘Caso mascarillas’
Procesados: el exministro de Transportes José Luis Ábalos, el que fuera su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama.
El Tribunal Supremo ha finalizado ya la investigación contra el exministro de Transportes y su asesor —que permanecen de forma preventiva en la prisión de Soto del Real desde el pasado 27 de noviembre por riesgo de fuga— para quienes la Fiscalía Anticorrupción pide 24 años y 19 años y medio de cárcel, respectivamente. El magistrado Leopoldo Puente considera que ambos lideraron una trama de corrupción en el Ministerio de Transportes que entregó al empresario Víctor de Aldama, que también se sentará en el banquillo, “información previa y privilegiada” para conseguir trato prioritario en la contratación, por ejemplo, con las mascarillas durante la pandemia. La mercantil Soluciones de Gestión (propiedad de Aldama) se hizo con los contratos sanitarios más jugosos tras una orden que firmó el ministro en marzo de 2020. La Fiscalía sólo pide para el comisionista siete años de cárcel por haber colaborado con la justicia. Anticorrupción cree que Koldo era el “alter ego” de Ábalos y una suerte de testaferro que gestionaba el dinero que el comisionista les pagaba. Él ha confesado que entregaba 10.000 euros mensuales a Ábalos quien “aportaba [a la trama] la autoridad que le confería su máxima responsabilidad” y “su directa influencia”. La investigación considerada acreditado que Aldama y empresarios de su entorno pagaron al exministro distintas dádivas como un chalé en la urbanización de La Alcaidesa (Cádiz) durante el verno de 2021, además del arrendamiento de un piso para Jésica Rodríguez, la que fuera pareja del exministro, entre 2019 y 2021. Lo previsible es que el juicio se celebre en la primavera del próximo año.
‘Caso Koldo’
Imputados: la expresidenta de Adif Ana Pardo de Vera; el ex director general de Carreteras Javier Herrero; el hermano y la exmujer de Koldo y otros cargos del Ministerio de Transportes.
El otro fragmento del caso Koldo (lo que no tiene que ver con aforados que está en el Tribunal Supremo), está siendo investigado en la Audiencia Nacional. Allí permanece imputada la expresidenta de Adif Pardo de Vera por la colocación en empresas públicas a Jésica Rodríguez, que estuvo a sueldo primero en Ineco —empresa que dependía de Adif— y después en la pública Tragsatec sin que, para ello, constara ningún proceso de selección ordinario. De hecho, ella misma declaró que no llegó siquiera a abrir el ordenador durante los años que estuvo con contrato (2019-2021). La UCO destaca también el papel del exdirector general de Carreteras para influir y presionar en la adjudicación de obras públicas. En este asunto también se ha visto salpicado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, por su estrecha relación con Koldo García y porque Canarias, cuando él era el presidente autonómico, compró mascarillas a la empresa de Aldama. Sin embargo, la UCO no ha conseguido acreditar ninguna irregularidad contra él.
‘Caso hidrocarburos’
Imputados: el comisionista Víctor de Aldama; su socio y empresario Claudio Rivas; Camen Pano, la empresaria que asegura que llevó 90.000 euros en efectivo a Ferraz; y su hija Leonor González Pano.
Esta semana se ha conocido también el último informe del instituto armado sobre la trama de hidrocarburos en el que concluye que el empresario Claudio Rivas destinó “un millón de euros” para “comprar la voluntad” de Ábalos y otros cargos públicos y conseguir la licencia de operadora para la mercantil Villafuel con la que luego lograrían defraudar al menos 220 millones de euros a Hacienda con negocios de combustibles. Estas pesquisas se vertebran sobre la consecución dicha licencia con la que Rivas, Carmen Pano y su hija se enriquecieron. Para ello, pagaron el chalé de las vacaciones de Ábalos o más de 200.000 euros a Aldama que hizo de enlace con el Gobierno utilizando su relación con Koldo García para que le abrieran las puertas de la Administración encargada de otorgar los permisos. “Hijo puta el putero [Ábalos]. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito”, dijo la pareja de Leonor González Pano el 17 de junio de 2021 cuando la trama se había gastado el dinero en la urbanización vacacional para Ábalos y había logrado la licencia de operadora para Villafuel. La UCO cree que la red fraudulenta logró permear hasta en tres ministerios (Transportes, Industria y Transición Ecológica) y la Fiscalía Anticorrupción no descarta nuevas imputaciones.
‘Caso Cerdán’
Imputados: el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán; el exministro Ábalos; el exasesor Koldo García; el dueño de Servinabar y amigo de Cerdán, Joseba Antxon Alonso; el exdirector de Construcción de Acciona Justo Vicente Pelegrini; y dos antiguos subordinados suyos Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel.
Esta causa actúa en el corazón del Ministerio de Transportes y coloca a Cerdán en la cúspide de una presunta organización criminal dedicada al amaño de obra pública. La UCO apunta a que el exsecretario de Organización del PSOE, el exministro y el exasesor lograban que Acciona pagara un 2% a Servinabar (empresa del amigo de Cerdán, Antxon Alonso) de las obras que les adjudicaban con dinero público. El juez sospecha que Cerdán tenía casi la mitad de Servinabar y camuflaba sus ingresos ilícitos a través de la mercantil. Siendo diputado tenía tarjeta de Servinabar con la que viajaba, y la empresa de Antxon Alonso, además, le pagó durante unos meses un piso en Madrid y contrató a través de otras mercantiles a su mujer y a su cuñado. El Supremo considera que las grabaciones que realizó Koldo García durante año donde se escucha a Cerdán y a Ábalos hablar de comisiones ilegales cimentan los indicios contra ellos.
‘Caso pagos al PSOE’
Esta investigación incipiente no tiene todavía imputados, pero amenaza con ahondar en la financiación del partido. El juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional, el mismo instructor del caso Koldo, ha solicitado al PSOE la información de los pagos en metálico que se reintegraron a todos los miembros de la Ejecutiva desde 2017 a 2024. Tras las declaraciones del exgerente del partido Mariano Moreno y una trabajadora de Ferraz el pasado mes de octubre, al magistrado del Tribunal Supremo no le encajaba el sistema de retribuciones de gastos por el que la formación de Gobierno guardaba en su caja dinero en efectivo y le pareció que no ejercía un control exhaustivo de los tickets que presentaban en el equipo de Organización que dirigía Ábalos. El juez sospecha que dichos pagos pudieron ayudar a blanquear el dinero de la trama y da cierta veracidad al relato, sin pruebas, de la empresaria Carmen Pano que afirma que llevó 90.000 euros en efectivo a la sede de la formación por orden de Aldama. Por ello, ordenó a la Audiencia Nacional seguir esa senda. El PSOE ha explicado que colaborará con la justicia con total transparencia y aportará todos los pagos.
‘Caso SEPI y Leire Díez’
Imputados: la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero, el dueño de Servinabar y amigo de Cerdán Antxon Alonso y el expresidente de Enusa Vicente Berlanga.
La operación de la UCO de la Guardia Civil esta semana ha permitido desmantelar una gran trama de corrupción con epicentro en la SEPI, que todavía permanece bajo secreto. El viernes los agentes se personaron en las sedes de Correos y de varios organismos dependientes de los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica para recopilar documentación sobre una red de adjudicaciones de contratos y subvenciones bajo sospecha de estar amañados y este sábado todos los implicados quedaron en libertad con medidas cautelares. Las pesquisas, que se iniciaron este 2025 en la Audiencia Nacional, se centran en cinco operaciones de concesión de ayudas y adjudicaciones que suman 132,9 millones de euros. La exmilitante socialista Leire Díez parece estar en el foco de esta investigación sobre corrupción que también involucra a Fernández Guerrero. Este excargo de confianza de Montero tuvo que dejar la SEPI cuando le imputaron en otro asunto de Sevilla que finalmente terminó en absolución y fue contratado por Servinabar, la empresa de Antxon Alonso vinculada a Santos Cerdán. De nuevo los personajes se repiten, si bien, de momento, Cerdán no parece que esté entre los objetivos de Anticorrupción. Sí aparece investigado Vicente Berlanga, otro cargo de la absoluta confianza de José Luis Ábalos que dirigió la empresa pública Enusa, donde también trabajó Leire Díez. Se analizan delitos de prevaricación, tráfico de influencias, organización criminal y malversación, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
‘Caso fontanera – Leire Díez’
Imputados: la exmilitante del PSOE Leire Díez, el empresario también investigado en la Audiencia Nacional Javier Pérez-Dolset y un periodista.
El nombre de la exmilitante del PSOE Leire Díez, que también fue concejal del partido en Vega de Pas (Cantabria), saltó a la opinión pública inicialmente por una serie de reuniones polémicas con empresarios, fiscales y guardias civiles para conseguir información comprometida de miembros de la Fiscalía Anticorrupción y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Una grabación publicada antes de verano provocó que tuviera que renunciar a su militancia en medio de acusaciones que la ubicaban a las órdenes de Cerdán. Ella asegura que es periodista y que trabajaba en una investigación, pero la Fiscalía le atribuye un “plan delictivo” y coordinado con el empresario Pérez-Dolset para “anular” y “malbaratar” investigaciones que “afectan a políticos y empresarios”, por lo que un juzgado de Madrid los mantiene imputados por delitos de cohecho y tráfico de influencias. En un audio grabado por el fiscal Ignacio Stampa se escucha a Díez decir que es la “mano derecha” de Cerdán. El juez ha citado a declarar el próximo mes de febrero tanto a Cerdán como al secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, que supuestamente se reunieron con ellos en abril de 2024 para conseguir información útil para el PSOE sobre las cloacas del Estado. Las diligencias tratan de conocer si Díez y Pérez-Dolset actuaban por su cuenta o si existía un vínculo real con el partido de Pedro Sánchez.
‘Caso Plus Ultra’
Detenidos: el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, el consejero delegado, Roberto Roselli, el empresario Julio Martínez Martínez y un abogado español.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional explotó la investigación este jueves 11 de diciembre con el registro de la sede de la compañía aérea Plus Ultra en Madrid y el arresto de sus altos cargos Julio Martínez y Roberto Roselli, además del empresario Julio Martínez (con el mismo nombre) −que fue cliente de la empresa de las hijas del expresdiente José Luis Rodríguez Zapatero− y un abogado español. Los detalles de la operación todavía se desconocen, pues el asunto ha permanecido bajo secreto durante meses desde que la Fiscalía Anticorrupción iniciara este proceso a principios de año en un juzgado de Madrid. El Ministerio Público cree que los 53 millones de euros que el Gobierno inyectó a la compañía en marzo de 2021 se utilizaron, en realidad, para blanquear dinero de Venezuela. Anticorrupción recibió información de Francia y Suiza en 2024 que ayudó a reactivar este caso que ya estuvo investigándose dos años atrás sin llegar a una conclusión clara. La Fiscalía cree ahora que funcionarios públicos de Venezuela malversaron dinero procedente de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) venezolanos —un plan gubernamental de distribución de alimentos—y de la venta de oro del banco del país y, posteriormente, a través de un entramado societario se lavó este dinero en Europa. Apuntan a que la compañía aérea desvió la ayuda del rescate en “fechas consecutivas a la recepción” a cuentas en el extranjero “que forman parte de la organización criminal”. El juez dejó este sábado en libertad a los arrestados con la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado, la retirada de pasaporte y la prohibición de salir de España.
‘Caso Begoña Gómez’
Imputados: la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, la asesora de La Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.
La investigación contra Begoña Gómez se sigue desde la primavera de 2024 en un juzgado de Madrid que dirige Juan Carlos Peinado. Esta instrucción algo estridente ha ido restando imputados a golpe de correcciones de la Audiencia Provincial y del propio juez, que se ha visto obligado a dejar al margen al rector de la Universidad Complutense Joaquín Goyache, al directivo del Instituto de Empresa (IE) y exconsejero autonómico del PP Juan José Güemes, a una asesora de La Moncloa y al delegado del Gobierno, Francisco Martín. La investigación se centra actualmente en saber si Begoña Gómez utilizó a su asistente Cristina Álvarez, que cobra un sueldo público de Presidencia, para sus actividades privadas en la Universidad Complutense. El magistrado sostiene así que se malversaron fondos públicos. Además, bajo la lupa hay delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, intrusismo laboral y apropiación indebida por dos aspectos: una serie de contratos públicos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés en un procedimiento en el que Gómez rubricó unas cartas de recomendación; y la supuesta extralimitación de sus funciones como co-directora de un máster en la Complutense al firmar documentos que sólo podrían firmar funcionarios.
‘Caso Hermano de Sánchez’
Procesados: el hermano del presidente del Gobierno David Sánchez, el líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo y otras nueve personas.
Esta investigación está totalmente terminada por la magistrada Beatriz Biedma en un juzgado de Badajoz. El juicio se celebrará a partir del 28 de mayo y en el banquillo se sienta el hermano de Sánchez y el líder extremeño Gallardo que se presenta a las elecciones de la comunidad este mes de diciembre como candidato del PSOE. La jueza cree que el puesto de Coordinador de las Actividades del Conservatorio de la Diputación de Badajoz que consiguió David Sánchez en junio de 2017 no fue fruto de un “proceso selectivo justo y transparente”, sino que se amañó por ser el hermano del secretario general socialista. Expresa que se realizó “sin cumplir los requisitos constitucionales” y que, además, se utilizó la “influencia” de Sánchez en la Diputación para obtener un beneficio propio” que consistía en adaptar las condiciones del puesto de trabajo de su hermano, como por ejemplo, para que no tuviera que acudir de forma presencial.