El Gobierno ha elegido a Teresa Peramato (Salamanca, 63 años), una fiscal muy vinculada a la lucha contra la violencia de género, para sustituir a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. La propuesta del Ejecutivo llega después de que el Tribunal Supremo condenara a García Ortiz a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos vinculado al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude contra Hacienda.
Peramato es fiscal de carrera con 35 años de ejercicio y actualmente ejerce como fiscal de sala jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. También es fiscal de sala delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal. Peramato ha sido además presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), por lo que su perfil coincide plenamente con el mensaje que el Gobierno quería transmitir de que la sucesora de García Ortiz sería alguien netamente progresista. Peramato encarna “de manera sobresaliente las mejores virtudes” para ser “una magnífica” fiscal general del Estado según la UPF, para la que su designación supone la elección de una fiscal “de acreditada solvencia técnica” y una trayectoria marcada “por el rigor profesional, el sentido institucional y la defensa de los derechos fundamentales”. La asociación destaca “de manera especial su compromiso” con la protección de las víctimas, en particular de las víctimas de violencia de género, y su contribución “a la construcción de un modelo especializado y sensible frente a una de las más graves vulneraciones de derechos humanos en nuestra sociedad”.
La propuesta del Ejecutivo cuenta con el “reconocimiento unánime de los operadores jurídicos” según La Moncloa. Su punto fuerte es una trayectoria de largo recorrido, especialmente dedicada a la lucha contra la violencia machista. De hecho, es considerada una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en esta materia. En 2005 fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid. También fue miembro del Grupo de Expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer para la elaboración del Primer Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (2007). Además, ha ocupado el cargo de fiscal de sala contra la Violencia sobre la Mujer entre 2021 y 2025. Si la condena a García Ortiz coincidió con el 50º aniversario de la muerte de Francisco Franco, la propuesta del Gobierno para sucederle lo hace con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Peramato será la cuarta persona que desempeña el cargo desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en junio de 2018. María José Segarra dirigió la Fiscalía desde ese mes a enero de 2020 y la exministra de Justicia Dolores Delgado le reemplazó hasta julio de 2022, cuando dimitió por problemas de salud. Mientras no se publique en el BOE su cese, García Ortiz seguirá en funciones: su renuncia este lunes era necesaria para que el Consejo de Ministros pudiera iniciar el proceso para elegir a la nueva jefa del ministerio público. La teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, número dos de la cúpula fiscal, será la fiscal general en funciones hasta que Peramato sea nombrada formalmente en un proceso que durará unas semanas.
El artículo 124.4 de la Constitución establece que el fiscal general del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Recibido el informe del órgano de los jueces, que no es vinculante, el Gobierno debe comunicar su propuesta al Congreso, que fijará una fecha para que el candidato comparezca ante la Comisión de Justicia y se valore su capacidad. El Poder Judicial no dio en 2023 su aval por primera vez a la propuesta de nombramiento de un fiscal general del Estado, fue a Álvaro García Ortiz. El Gobierno confía que no vuelva a suceder lo mismo. El proceso culminará cuando la candidata tome posesión ante el pleno del Tribunal Supremo. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, puso este lunes como requisitos que la persona propuesta por el Ejecutivo fuese un “jurista de 20 años de experiencia”, que cuente con el aval vinculante del Consejo General del Poder Judicial en su informe preceptivo sobre la idoneidad del candidato para el puesto y que no haya desempeñado cargos políticos en los últimos cinco años anteriores.
García Ortiz presentó este lunes su renuncia al cargo en una carta enviada al ministro de Justicia. En la misiva remitida a Bolaños, explicaba que la decisión de adelantar su salida antes de que el Supremo ejecute la inhabilitación, y “sin esperar siquiera a conocer la motivación de la sentencia”, se debía su “profundo respeto” a las resoluciones judiciales y a su voluntad “siempre presente, de proteger a la Fiscalía española”. “Aunque mi determinación deriva directamente del fallo que me ha sido notificado, en mi haber tengo el convencimiento de haber servido fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer, con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional”. García Ortiz podía haberse quedado en el cargo hasta que el Supremo notifique la sentencia con los argumentos que le han llevado a condenarlo (por ahora solo ha hecho público el fallo), ya que será entonces cuando surta efecto la pena. Pero el fiscal general ha optado por anticipar su salida acogiéndose al artículo 31.1 a) del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), que contempla que el fiscal general del Estado puede cesar “a petición propia”.