Esta mañana he interpuesto una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid contra Antonio Maestre por un presunto delito de odio, tipificado en el artículo 510 de nuestro Código Penal. No lo he hecho por discrepancias ideológicas ni por animadversión personal, sino porque creo firmemente que hay discursos que no tienen cabida en una sociedad democrática.
El susodicho publicó el día 7 de enero un artículo en “La Sexta” titulado “la gusanera fascista venezolana en España“. Más allá del tono deliberadamente ofensivo del título, el texto despliega una serie de expresiones degradantes y deshumanizadoras dirigidas contra un colectivo definido por su origen nacional: los venezolanos residentes en España. En este, no se critican ideas concretas ni conductas individuales, sino que se estigmatiza a un grupo entero, se le atribuyen rasgos vejatorios y se le presenta como una amenaza política y social.
No obstante, conviene detenerse aquí. La libertad de expresión es un pilar esencial de cualquier democracia, la cual protege ideas incómodas, opiniones impopulares e incluso discursos de trazo grueso. Pero no es un derecho absoluto, pues nuestra jurisprudencia—la del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el TEDH— ha sido clara y reiterada al respecto: esta no ampara la incitación al odio, la estigmatización, ni la deshumanización de personas por el mero hecho de su nacionalidad.
Maestre ha definido a los venezolanos que viven en España con calificativos tan duros como “gusanos”, “caterva de fascistas”, “parásitos”, “escoria desagradecida”, y lo hace simplemente porque supone que, en su mayoría, piensan de una forma distinta a la que él considera la adecuada. Esta situación evidencia que, en el fondo, la apuesta de la izquierda por una inmigración ilegal y descontrolada no obedece como ellos dicen a una defensa sin cuartel de los derechos humanos, sino que sólo responde a su creencia en que esta les ayudará a conseguir sus objetivos políticos.
Por eso enloquecen y se revuelven de una manera tan agresiva y poco democrática cuando se dan cuenta de que eso necesariamente no tiene por qué ser así. Esta vez, sin embargo, se han traspasado líneas rojas que un Estado de Derecho no pueden relativizarse. Y ante eso, me he visto en la obligación cívica de poner un límite para defender la dignidad de unos conciudadanos que, en su mayoría, están teniendo una actitud ejemplar en nuestro país.
Los datos del INE son claros. El colectivo venezolano presenta uno de los porcentajes más altos de cotizantes a la Seguridad Social y una incidencia de criminalidad prácticamente irrelevante en comparación con otras nacionalidades. Quizá el drama venezolano haya sido positivo para España desde una perspectiva estrictamente egoísta: ha traído a personas que, circunstancias normales, jamás habrían abandonado su patria, pero que se vieron obligadas a hacerlo huyendo de una dictadura que lo devoró todo.
Lo cierto es que estos discursos deben ser combatidos sin complejos. Y más aún cuando se lanzan desde atalayas mediáticas dominantes, con plena conciencia del daño que generan y buscando sembrar el odio contra un colectivo concreto de la sociedad española.
Porque la palabra gusanos no es inocente. Así llamaba Fidel Castro a quienes se oponían a su régimen, buscando deshumanizarlos primero para poder expulsarlos, perseguirlos o silenciarlos después. El método es viejo y eficaz: convertir al disidente en algo infrahumano para que deje de merecer derechos. Al socialismo bolivariano siempre se le ha dado especialmente bien ese juego, como cuando Hugo Chávez dijo “águila no caza mosca” refiriéndose a María Corina Machado.
El tiempo, sin embargo, suele poner cada cosa en su sitio. Aquella “mosca” es hoy Nobel de la Paz y un símbolo de resistencia democrática, mientras que quienes la despreciaron han quedado sepultados en el cementerio de la historia. Y aquellos “gusanos” a los que se les quiso reducir a “escoria” son hoy algo muy distinto: mariposas que han recuperado su libertad de volar, de elegir, de reconstruir su vida lejos del miedo.
Si deciden quedarse en España, serán bienvenidos. Y lo serán sin condiciones indignas, sin más vejaciones y sin permitir que nadie vuelva arrebatarles la dignidad que ya les fue robada. Porque una democracia que tolera la humillación de los que huyeron del terror acabará pareciéndose demasiado al régimen del cual escaparon.