Madrid
Hora 25 habla con varios expertos en derecho penal y constitucional para analizar el fallo del Supremo que condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos.
Para Emiliano Borja Jiménez, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, este juicio ha sido muy raro: “En este juicio han ocurrido muchas cosas, yo vi desde el principio que estaba siendo un juicio inquisitivo. El objeto de la acusación no estaba claro, por ejemplo, y eso no lo debería haber permitido nunca el tribunal. Esto me recuerda a un tribunal inquisitivo, un tribunal que va a buscar más la condena que a buscar la valoración de las penas. Para todos los juristas que he consultado, independientemente de su ideología, incluso conservadores, esa sentencia debería haber sido absolutoria”.
Inés Herreros es vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): “se ha producido una situación de divorcio de la sociedad en el ámbito de la justicia. Una sociedad democrática no puede obviar este tema. Lo que tenemos hoy es el resultado del choque de trenes que hemos visto durante más de un año. Son dos trenes, la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Supremo, dos altas instituciones que han ido chocando y hemos obtenido el resultado esperable que nos da la física: cuando dos cuerpos chocan siempre sale más desfavorecido el que menos poder tiene, en este caso la Fiscalía”.
Más tarde pudimos escuchar el análisis de Félix Martín, presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Martín se mostró muy dolido: “afecto, cariño y respeto profundo a nuestro fiscal general del Estado. Para nosotros ha enfrentado este proceso con una dignidad y una serenidad que solo están al alcance de quienes creen en el servicio público por encima de sí mismos. Ha soportado una presión brutal sin perder en ningún momento la compostura ni el compromiso con la institución. Quiero transmitirle a él y a la sociedad que para nosotros no está solo. Esta condena nos golpea también a nosotros. Es uno de los días más tristes de mi carrera profesional, jamás pensé que esto podía pasar. Los fiscales estamos noqueados, tristes, en shock institucional”.
Para acabar la noche, escuchamos a Joaquín Urías, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y exletrado del Tribunal Constitucional. Para el catedrático la condena es una condena política con varios mensajes: “es una condena destinada a demostrar que los jueces siguen teniendo el poder. Al Supremo nunca le ha gustado este fiscal general, tenía el empeño de tumbarlo y han decidido tumbarlo saltándose las normas más elementales y han decidido demostrar que ellos cuando quieren pueden cambiar al fiscal general del Estado. La condena está hecha a medida para un objetivo: acabar con el fiscal. No lo meten en la cárcel. Lo único que hacen es decir: usted tiene que dejar de ser fiscal general del Estado aunque no haya pruebas”.