La exmilitante y exconcejal del PSOE Leire Díez y el expresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) Vicente Fernández han sido detenidos este miércoles por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, según han confirmado a EL PAÍS fuentes cercanas a la investigación. Ambos arrestos se enmarcan en un procedimiento relacionado con contratación pública, que impulsa el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que encabeza el magistrado Antonio Piña. La operación continúa abierta bajo la tutela de la Fiscalía Anticorrupción, según fuentes policiales y jurídicas. Las pesquisas se centran en posibles delitos de fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación, informa Óscar López-Fonseca.
La investigación se encuentra secreta y en una fase inicial, informa J J Gálvez. Las detenciones se han producido antes de esta media tarde y los agentes han trasladado a Leire a los calabozos de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid). Díez (52 años, Bilbao) está también imputada en otra investigación por cohecho y tráfico de influencias que instruye el Juzgado Número 9 de Madrid. El ministerio público le atribuye el “liderazgo” de un “plan delictivo” para “desacreditar” a la cúpula de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción con el objetivo de “anular” causas que “afectan a políticos y empresarios”. Ella se presentaba como una reportera de investigación que lleva años indagando en las llamadas cloacas del Estado y ha negado su vinculación con el Partido Socialista. Sin embargo, unas grabaciones que constan en el sumario del caso que dirige Arturo Zamarriego revelan que ella se presentaba como la “mano derecha” del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
Díez fue teniente de alcalde socialista en el municipio cántabro de Vega de Pas tras las elecciones de 2011. Con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ya en La Moncloa fue nombrada responsable de comunicación de Enusa, empresa pública que depende la SEPI, entre 2018 y 2021, cuando la sociedad estatal estaba presidida por el otro detenido, Vicente Fernández. Después, entre 2022 y 2024, fue directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, de donde salió dando las gracias a Juan Manuel Serrano, quien fuera presidente de la compañía postal y ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez antes de llegar a La Moncloa.
Vicente Fernández Guerrero (Málaga, 52 años) accedió en 2018 a la presidencia de la SEPI, tras la investidura de Sánchez, y cesó un año después, en 2019. Años después, Fernández Guerrero pidió permiso a la Oficina de Conflictos de Intereses para trabajar como asesor externo de Servinabar, una de las sociedades vinculadas al caso Cerdán, de 2021 a 2023. La investigación que implica al exsecretario de Organización del PSOE ha revelado que Cerdán tenía presuntamente un 45% de esa mercantil que conseguía contratos públicos a través de supuestos amaños que perpetraban desde el Ministerio de Transportes.
Fuentes cercanas al entorno de Fernández exponen que la asesoría a Servinabar fue de carácter directo para el dueño de la empresa, Joseba Antxon Alonso, y consistía en buscar socios y obras privadas y no públicas en la Costa del Sol. Las mismas fuentes señalan que prestó a Leire Díez un piso en el madrileño barrio de Salamanca para algunas reuniones.
Antes de su etapa en la SEPI, Fernández Guerrero fue interventor general de la Junta de Andalucía, el máximo órgano de control interno y contabilidad de la Administración andaluza. También ejerció como secretario general de Innovación, Industria y Energía en esa comunidad autónoma entre 2012 y 2016 y como secretario en consejos de administración de empresas públicas, como la Empresa Pública de Gestión de Activos, la Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial; y Cartuja 93.
Fernández, letrado de la Junta de Andalucía, obtuvo el número de su promoción. Fuentes próximas al ahora detenido en su etapa en Andalucía, destacan de él una enorme ambición profesional, rigor técnico y nutridos contactos con el mundo empresarial y de la Administración.
El exdirectivo estuvo imputado en una causa de la Audiencia de Sevilla por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), de la que resultó absuelto junto al resto de 15 acusados. El pasado mes de julio compareció en la comisión parlamentaria del Senado que investiga el caso Cerdán, pero se acogió a su derecho a no declarar.
La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha asegurado que “con este ritmo de escándalos, en 2027 del PSOE no van a quedar ni las raspas”, en referencia a la fecha límite de la legislatura, que el presidente Sánchez ha insistido que finalizará entonces. “A este ritmo de detenciones, probablemente, las cárceles se queden pequeñas”, ha añadido la portavoz popular.