Todos los grupos nacionalistas menos Junts impulsan en el Congreso una ley para garantizar la relación con la Administración central en cualquier lengua cooficial
Todos los grupos nacionalistas salvo Junts (ERC, EH Bildu, EAJ-PNV, BNG, Compromís, Comunes y Més per Mallorca) han presentado este miércoles en el Congreso la Proposición de Ley Orgánica de Garantía del Plurilingüismo y de los Derechos Lingüísticos de la Ciudadanía, una reforma que los proponentes tildan de “ambiciosa” y que busca corregir el “desequilibrio histórico” que ha situado al castellano en una situación de “privilegio” en el funcionamiento real de las instituciones del Estado.
La propuesta tiene como objetivo central garantizar que cualquier ciudadano pueda ejercitar su derecho a relacionarse con los órganos del poder judicial, las instituciones constitucionales y la Administración General del Estado en cualquiera de las lenguas oficiales del territorio, con plena validez jurídica, para lo que introduce obligaciones de capacitación lingüística en justicia, función pública y contratación, y dota de herramientas para asegurar el respeto al derecho de opción lingüística.
“Ellos deberán explicar los motivos por los que han decidido autoexcluirse, espero que se lo repiensen”, ha respondido en rueda de prensa sobre la ausencia de Junts del acuerdo el diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro.
Los grupos firmantes recuerdan que, pese al reconocimiento constitucional de la diversidad lingüística, el mandato protector del artículo 3.3 “sigue sin desplegarse de forma efectiva y que persisten normas y prácticas que penalizan la doble oficialidad”.
Entre los ejes de la reforma destacan medidas en la Administración de Justicia -como el requisito de conocimiento de la lengua propia para acceder a plazas en comunidades con lengua oficial distinta al castellano o la validez llena de documentos judiciales sin traducción-, así como la adaptación integral de los procedimientos administrativos y de las plataformas digitales a todas las lenguas oficiales. La iniciativa también incorpora criterios lingüísticos transversales en la contratación pública y regula ámbitos sectoriales como consumo, seguridad, transporte o comunicación audiovisual, donde se refuerza de forma significativa la presencia y el uso de las lenguas oficiales distintas del castellano.
En el ámbito educativo, la ley establece que la lengua propia de cada comunidad autónoma será normalmente vehicular, con el objetivo de garantizar que el alumnado domine tanto esta lengua como el castellano al finalizar la educación básica. Según los grupos promotores, esta medida refuerza la igualdad de oportunidades y certifica una equilibrada competencia lingüística en todo el territorio.
Los grupos subrayan que la propuesta “supone un salto cualitativo en la protección del patrimonio lingüístico y en la garantía de derechos”, pasando de un reconocimiento meramente declarativo a un plurilingüismo “efectivo, operativo y plenamente respetuoso” con la realidad lingüística del Estado.